Doce torres llamadas a solucionar la crisis eléctrica en el extremo norte del país no funcionan, a pesar que el gobierno inyectó millones de dólares para la creación de uno de los mayores parques eólicos de Suramérica. La empresa argentina encargada del proyecto quebró y se fue de Venezuela, mientras los indígenas sufren las consecuencias de los apagones que pueden durar días en la zona..
Doce torres llamadas a solucionar la crisis eléctrica en el extremo norte del país no funcionan, a pesar que el gobierno inyectó millones de dólares para la creación de uno de los mayores parques eólicos de Suramérica. La empresa argentina encargada del proyecto quebró y se fue de Venezuela, mientras los indígenas sufren las consecuencias de los apagones que pueden durar días en la zona..
El parque eólico de la Guajira puede ser considerado el cementerio más caro y selecto de Venezuela.
Sobre una explanada de 600 metros de tierra árida, cercana al Mar Caribe, se encuentran enclavadas 12 torres paralizadas y oxidadas por el salitre, que representan la muerte de un proyecto eléctrico que, según el viceministro de Nuevas Fuentes de Energía, Héctor Constant, en 2012, costó 225 millones de dólares, y es incapaz de iluminar un bombillo en la tierra de los wayúu.
Si las torres recuerdan a los difuntos, los indígenas son los deudos de este camposanto. Los pobladores de la Guajira son los principales afectados por los cortes de luz que pueden durar días en los pueblos y caseríos que hacen vida en esta empobrecida franja del extremo norte del país.
Inmóviles y corroídos por el tiempo, los 12 aerogeneradores eléctricos colocados hace cinco años por la estatal Corpoelec como la solución para acabar con los problemas de luz de 12.000 familias, yacen en medio de un complejo que recuerda más bien a una ciudad fantasma.
Galpones semidestruidos, una flota de camiones desvalijados, burros que se protegen bajo las sombras generadas por las aspas de estos monstruos de metal y un espantapájaros tirado a un costado de la vía, vestido con el uniforme oliva de la FANB, reciben a los visitantes de este lugar abrazado por los fuertes vientos.
A pesar de asomarse imponentes desde la troncal del Caribe, a las torres eólicas las rodea el misterio. Ni un aviso de Corpoelec con la cara de Hugo Chávez o Nicolás Maduro se observa en la carretera que une a Colombia y Venezuela para anunciar el millonario proyecto, al que ni siquiera se hace mención en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica 2015.
No existe, además, una reja o una valla que resguarde a esos colosos dormidos, a los que se llega en carro luego de andar 20 minutos en un camino polvoriento y minado por excrementos dejado -se supone- por los burros que abundan en esta zona de Caimare Chico.
“Esos bichos los colocaron ahí y no sirven pa’ nada”, dice José Tomás, un indígena que lleva toda su vida en la Guajira al referirse al proyecto. “Dieron la plata, funcionó un ratico y las torres se paralizaron hace más de un año”, suelta.
Un contingente de la brigada 13 de la Guardia Nacional custodia lo poco que queda de pie del complejo. Grandes rollos con cables de alta tensión y una grúa se divisan como los únicos objetos de valor junto a las estructuras de hierro.
El misterio de la empresa argentina
De Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA), la empresa argentina contratada por el gobierno para levantar el parque eólico, tampoco queda rastro.
El cartel que identificaba a la firma en el tráiler donde antes trabajaban los ingenieros desapareció. La misión de esos técnicos era activar el parque con 25 MW para luego elevar la capacidad a 75MW con el levantamiento de otras 24 estructuras. Una cantidad suficiente para garantizar luz a El Moján, Paraguaipoa y Sinamaica, según Corpoelec.
Bajo la administración del presidente Hugo Chávez, esta empresa privada firmó contratos importantes para reactivar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Con el empuje de la pasada administración de Cristina Fernández, Impsa firmó la construcción de la Hidroeléctrica Manuel Piar, en Tocoma, estado Bolívar. También se le encomendó levantar un complejo similar al de la Guajira en Paraguaná y construir una empresa de turbinas eléctricas en esa zona con el apoyo de Pdvsa Industrial.
Salvo el levantamiento (pero no la interconexión) de los aerogeneradores en Falcón, ninguno de esos proyectos prosperó.
Impsa se fue de Venezuela luego de haberse declarado en cesación de pagos con sus acreedores. Su dueño, Enrique Pescarmona debió ceder el 65% de las acciones de la compañía para reestructurar la deuda de la compañía estimada en 1.050 millones de dólares. Ahora, espera reactivar a la empresa con el apoyo financiero del gobierno de Mauricio Macri, el mayor enemigo político de Fernández.
Julio Montoya, diputado a la Asamblea Nacional por Zulia, asegura que Impsa figura entre las empresas que aparecen en cuestionados contratos para sacar a Venezuela de la “emergencia eléctrica” declarada en 2009. Según el parlamentario, unos 30.000 millones de dólares fueron despilfarrados por el gobierno para revivir el SEN.
Promesas que no mueven ni un aspa
Como muchos proyectos sociales de la Guajira, el complejo se diluyó entre promesas. Fue Hugo Chávez quien lanzó la idea de generar electricidad con la fuerza de los vientos en la Goajira en 2004. Francisco Quintero, subcomisionado nacional de Fuentes Alternas de Corpoelec prometió para marzo de 2012 el inicio de la era de generación de energía limpia con el levantamiento de las primeras torres.
Sin resultados a la vista, Maduro relanzó el proyecto un año después, prometiendo convertir al país en una potencia de energías renovables. En 2015, Luis Motta, actual ministro de Energía Eléctrica, se comprometió ante representantes indígenas a entregar el parque para diciembre de ese año.
Habitantes y comerciantes de Paraguaipoa aseguraron a El Estímulo que la falta de insumos, la burocracia y la salida intempestiva de Impsa sepultaron las promesas del gobierno para encender –al menos- una chispa del considerado Guri eólico del norte de Venezuela.
En ese pueblo no saben qué pasó con los 225 millones de dólares que inyectó Corpoelec para levantar el plan eléctrico junto a un centro turístico manejado por las comunidades indígenas.
“Aquí llegaron unos hombres y unas grúas gigantescas. Prometieron de todo, pero todo quedó en el aire”, aseguró Ángel, un wayúu, quien asegura que no mejoró el servicio eléctrico con la llegada de las torres.
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